¿Para qué sirven los concursos docentes?

Hace ya un par de años, una diputada nacional afirmó que “el sector universitario debe ser uno de los espacios más flexibilizados que existen”; se refería a la cantidad de contratos temporarios, interinatos, designaciones sin remuneración y a la falta de estabilidad que caracteriza a este trabajo.
Básicamente, un docente puede desempeñarse correctamente -brillantemente, incluso- en sus labores, pero igualmente perder su puesto; esto ocurre en virtud de normativas que entienden que la “periodicidad de cátedra” reclamada por la Reforma del '18 significa poner en juego la continuidad laboral reiteradamente frente a otros aspirantes y bajo cualquier circunstancia
El articulo 55 del Estatuto de la UNSa establece que los docentes “ingresan y ascienden” en la Carrera Académica mediante concurso público de antecedentes y oposición. Recién después de dos concursos consecutivos, el docente puede alcanzar la Permanencia, condición en la que será evaluado periódicamente para decidir su continuidad o no en el cargo.
Desde el punto de vista de la relación laboral, los docentes universitarios nos encontramos en una situación de precariedad extrema, inexistente en otros ámbitos laborales formales. Un documento de “la otra” CONADU[1] denomina al modelo como de “despido periódico”
Las razones que se expusieron, y aún se exponen, en favor del sistema de concursos periódicos o reiterados aluden a su supuesta capacidad para conformar un cuerpo docente de calidad. Sin embargo, más allá del contexto histórico en el que surgió, no hay evidencias contundentes de que ese mecanismo asegure esos objetivos
En este artículo pretendemos exponer la verdadera función que hoy cumplen los concursos docentes  y plantear la relación entre la estabilidad o inestabilidad laboral y la calidad académica

¿Qué evalúan los concursos?

Los defensores del concurso reiterado sostienen que que la compulsa pública y abierta permite seleccionar a los mejores docentes. Sin embargo, se trata de una instancia puntual donde un tribunal define un orden de mérito en función de los antecedentes acreditados, una entrevista con los aspirantes, y la clase oral y pública.
En nuestra universidad (Universidad Nacional de Salta), como en muchas otras, se diferencian las instancias de evaluación de antecedentes de la prueba de oposición. En general, no hay especificaciones acerca de qué factores considerar o qué competencias valorar en cada una de esas instancias. Esto significa que los jurados pueden adoptar criterios completamente diferentes ante situaciones similares.
Esa heterogeneidad queda en evidencia al leer unos cuantos dictámenes, lo que permite comprobar, por ejemplo, que mientras algunos valoran principalmente los antecedentes, otros destacan la clase oral y pública. Es muy frecuente que el tribunal meritúe la actividad de investigación, medida en publicaciones, y es raro que esa comisión valore el desempeño real en la docencia
Los investigadores Fernández Lamarra y Cóppola[2] señalan el bajo peso de la función docente en la evaluación en los concursos y el carácter de dramatización que tiene la clase pública, en un contexto completamente diferente al del desempeño real en las aulas.
Lo que se desprende de estas observaciones es que el Concurso:

• Es una instancia evaluativa de un producto, en tanto analiza un momento puntual, más que de un proceso
• No supone un criterio uniforme de selección
• Se basa en una dramatización del desempeño real en el aula
• No considera la actividad efectivamente realizada por los postulantes; un docente de excelente desempeño puede perder su puesto, mientras que podría mantenerlo un docente que no cumpla regularmente con sus tareas
• Tiene escasa o nula vinculación con el contexto en que se desempeña o desempeñara el docente (características del alumnado, proyectos institucionales)
• Tiende a subvalorar la actividad docente específica, frente a la labor de investigación, gestión o planificación

El bueno por conocer

Un postulante que ya se desempeña en un cargo a veces debe enfrentar a otros que provienen de otras cátedras, facultades e incluso de otras universidades.
Asumimos que el tribunal está conformado por académicos imparciales, honestos y ajenos a los vaivenes políticos de la universidad; aún así, puede ocurrir que quien ejercía el cargo lo pierda.
Cualesquiera sean las consideraciones en las que el jurado funde su dictamen, lo cierto es que hay aspectos que no podrá haber sopesado:
Si la universidad tiene mecanismos de evaluación de la actividad docente, estas no pueden considerarse si no existen instrumentos similares que hayan evaluado la actividad de los otros postulantes
No es posible comparar el desempeño de quien realizó una tarea con la de quien nunca lo hizo
Así, como señala Barreyro[3], se da la posibilidad de que la universidad prescinda de un docente cuyo desempeño conoce, a manos de un académico potencialmente mejor.
Surge una conclusión: el sistema de concursos alienta a publicar más y no promueve la actividad docente.

La dimensión política

No se puede ignorar que la trascendencia política de los concursos cambian sensiblemente el sentido del mecanismo.
Las discusiones en torno al tema frecuentemente desestiman hechos esenciales:

• los concursos son convocados por órganos políticos (Consejo Superior o Consejo Directivo)
• los jurados son designados por órganos políticos
• los ganadores de los concursos adquieren o mantienen la ciudadanía universitaria; es decir, estarán habilitados para la actividad política
• las designaciones de los ganadores, también son realizadas por órganos políticos

Esta vinculación con los cuerpos políticos habilita la posibilidad de manipular la conformación de jurados, la elección de las asignaturas donde se convoca a cubrir cargos regulares, la delimitación de los perfiles buscados, en función de los intereses, opiniones o agrupamientos dominantes en el gobierno universitario[4][5].
Estas características promovieron el aumento en la litigiosidad de los procesos concursales, y tiende un manto de sospecha sobre todo el sistema[5].
Algunos mitos y prejuicios relacionados con el concurso periódico
Muchas de las afirmaciones que sostienen el concurso reiterado se basan en supuestos infundados, vinculados a realidades históricas diferentes o directamente falsos
Se escucha con frecuencia que el concurso periódico es uno de los postulados de la Reforma del '18; sin embargo, el Proyecto de Bases Estatutarias redactado por los estudiantes reformistas contemplaba un régimen de designación a término que podía ser renovado por períodos similares, sin tener que enfrentar a otros postulantes
Algunos sostienen que el concurso actúa como estímulo a la competencia entre los docentes, y con ello favorecería el nivel académico; esta aseveración supone que el concurso es capaz de determinar quién se desempeñará mejor (aspecto abordado más arriba) y que existe alguna anónima pulsión que llevaría a los profesionales capaces a desechar puestos de trabajo mejor remunerados y más estables sólo para ganar la honra de asumirse como profesores universitarios.
Otro aspecto que se menciona en defensa del régimen es la posibilidad de abrir instancias de ascenso para los docentes más jóvenes; sin embargo, las posibilidades de promoción tienen más que ver con la necesidad de contar con un presupuesto adecuado que posibilite que la planta crezca junto con el incremento de la matrícula y las demandas académicas del medio. Nuevamente, es difícil sostener por qué razón una vida laboral potencialmente corta, que puede terminarse abruptamente y sin indemnización, podría ser un incentivo para la labora académica de alto nivel.

La necesidad de estabilidad

La UNESCO plantea, en su Recomendación referida a la condición docente de enseñanza superior[6], que “La titularidad, cuando este régimen exista o, en su defecto, su equivalente funcional, constituye uno de los principales dispositivos de salvaguardia de la libertad académica y de protección ante decisiones arbitrarias.”
El planteo del organismo internacional apunta a sostener la libertad académica, que se ve comprometida en la medida en que la permanencia en el puesto de trabajo esté sujeta a mecanismos políticos.
Desde el punto de vista de los derechos laborales, los docentes parecen habitar un lugar ahistórico, donde no tiene validez el precepto constitucional de protección contra el despido arbitrario, y los derechos sindicales están sujetos a la especificidad de los estatutos. Curiosamente, el sistema se sostiene en el discurso de la competencia y la calidad académica, aunque resulta absolutamente injustificado sostener que la mayor precariedad y la incertidumbre puedan favorecer la labor intelectual.
La normativa vigente en la mayoría de las universidades públicas argentinas tampoco contempla los tiempos propios de la labor académica, de la conformación de equipos de investigación y/o desarrollo; es preciso contar con un horizonte temporal más amplio para abordar algunas temáticas o para mantener determinados lineamientos de investigación (¿podría un equipo cambiar de marco teórico porque se modifica su composición?)
La legislación argentina, en materia de estabilidad docente ha variado enormemente a lo largo de la historia[7]; ha llegado el momento de establecer pautas más racionales, que contemplen tanto los derechos laborales como la necesidad de impulsar el mayor nivel en las prácticas académicas.

Alternativas

Hasta ahora, el concurso parece el único medio para acceder a la docencia en condiciones de cierta transparencia. La estabilidad laboral y la continuidad en el desempeño se abordó de maneras diferentes en varias universidades, aunque con la característica común de utilizar alguna forma de control de gestión sobre la labor académica.
En la Universidad de Luján se pide un plan de trabajo aprobado por las autoridades de cátedra o por el Departamento; el cumplimiento de ese plan es el objeto de la evaluación
En Patagonia San Juan Bosco, el docente puede solicitar un concurso cerrado de promoción en caso de tener una evaluación positiva en el período anteriormente evaluado
En la Universidad de Córdoba, según consta en sus estatutos, las designaciones duran entre 5 a 7 años según la categoría; al final de la designación, una comisión integrada por 4 docentes y 1 estudiante evalúa los méritos académicos y el desempeño del profesor. Cabe señalar que en la UNC todas las categorías se consideran “profesores”.
Estos regímenes ponen en juego los aspectos que debería cubrir una alternativa para el sistema de concursos periódicos, o al régimen de permanencia que tenemos en la UNSa: la previsibilidad (un docente debe tener en claro en qué aspectos será evaluado), la participación de los estudiantes en el proceso y el control de gestión. La evaluación periódica aparece como un mecanismo que podría integrar la estabilidad con la búsqueda de la excelencia académica, sin convertirse en un medio de coacción o clientelismo político

Referencias

-  IEC - CONADU. Carrera docente.  (2012) : .
-  Fernández Lamarra N & Coppola N. La evaluación de la docencia universitaria en argentina. situación, problemas y perspectivas. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa (2008) 1: pp. 97-123.
-  Barreyro RA. Concursos docentes: entre la calidad académica, la estabilidad laboral y la periodicidad de los cargos. IV Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias (2012) : pp. 1145-1502.
-  Coppola N. La evaluación de la función docente en la universidad de buenos aires.  (2011) : .
-  Mollis M. Las huellas de la reforma en la crisis universitaria argentina.  (2008) : pp. 87-103.
-  UNESCO. Recomendación de la unesco relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior. . UNESCO(1997)
-  Maestromey M. La periodicidad y la estabilidad del docente universitario argentino.  (2004) : .